José Ignacio Pérez Arriaga abrió su intervención recordando que lleva medio siglo vinculado a la regulación energética: aprendió regulación en América Latina colaborando con los países pioneros en las reformas liberalizadoras del sector eléctrico, a partir del Chile de los años 1980, y hoy continúa aprendiendo regulación en África.
Desde esa perspectiva histórica y comparada, articuló una conferencia que recorre la evolución de las autoridades reguladoras desde sus orígenes hasta el momento presente, centrándose en una pregunta fundamental: ¿para qué regulamos?
Tres oleadas de regulación energética
Pérez Arriaga trazó una síntesis histórica de la regulación eléctrica en torno a tres grandes etapas. La primera, protagonizada por las comisiones norteamericanas de utilidad pública desde 1907, definió el modelo clásico de regulación de monopolios privados: cálculo del coste del servicio, tarifas, licencias y supervisión de la calidad.
La segunda oleada arrancó en Chile en 1978, con la creación de la Comisión Nacional de Electricidad, y el primer caso moderno de reforma eléctrica de mercado en 1982, cuyo objetivo fue liberalizar, reestructurar, crear mercados donde fuera posible y permitir la participación del sector privado. A Chile le siguieron el Reino Unido en 1990 y, posteriormente, otros países de América Latina, Europa, Australia e India.
En América Latina, señaló Pérez Arriaga, las leyes fundacionales de los reguladores nacieron con una cultura de «ordenar el sector» en ese proceso de reforma, no con una cultura de «derecho de acceso universal a la energía». El mandato explícito de acceso universal apareció más en leyes sectoriales, políticas públicas y fondos de electrificación que en la ley orgánica del regulador.
Hoy, afirmó, el regulador se encuentra en el centro de tres transformaciones simultáneas: transición energética, digitalización y justicia social, y surge la necesidad de una tercera oleada de regulación del sector eléctrico.
La independencia del regulador
Pérez Arriaga fue preciso en su definición: la independencia del regulador no es un fin en sí misma; es una condición para construir confianza. No debe ser defendida como una prerrogativa corporativa de los reguladores, sino como un activo público. Existe para proteger a los consumidores y a las empresas, para atraer inversiones eficientes, para evitar la arbitrariedad y para dar continuidad a decisiones que trascienden el ciclo político.
Señaló asimismo una tensión real: dado que las medidas en materia de energía han adquirido una relevancia social y política muy elevada, las decisiones de política energética corren el riesgo de invadir el espacio habitual del regulador, dejándole un margen estrecho para ejercer su independencia.
La cultura regulatoria
Definió la cultura regulatoria como el conjunto de hábitos institucionales, valores profesionales y prácticas decisorias que hacen que una autoridad reguladora actúe con legitimidad, rigor y sentido de servicio público. Sus rasgos esenciales: competencia técnica, transparencia, estabilidad, responsabilidad social e independencia.
Su argumento central: la independencia del regulador no debe defenderse únicamente para proteger consumidores o atraer inversión, sino para proteger una cultura regulatoria capaz de sostener objetivos de largo plazo: acceso universal, asequibilidad económica, calidad, transición energética y confianza social.
El acceso universal a la electricidad
Pérez Arriaga dedicó un bloque específico al acceso universal, con datos precisos: de los 666 millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad, aproximadamente 11,4 millones se encuentran en América Latina, el equivalente al 2% de su población. El progreso en términos de porcentaje de electrificación en la región está básicamente estancado desde hace diez años.
Identificó tres realidades que oculta ese estancamiento: el déficit restante se concentra en poblaciones rurales aisladas, comunidades indígenas y zonas con escasa presencia del Estado, donde la electrificación convencional es técnicamente difícil y muy costosa, siendo necesario recurrir a mini-redes y sistemas domiciliarios aislados; el coste agregado de alcanzar la electrificación completa no es enorme en comparación con el volumen económico de los sistemas eléctricos nacionales, lo que permite proponer modelos de financiamiento sostenibles; y el problema no es solo financiero ni tecnológico, es institucional y regulatorio.
La pobreza energética y la cocción limpia
Subrayó que el acceso real va más allá de la conexión física: significa que la energía sea suficiente, fiable, segura, productiva y económicamente asequible. Señaló dos dimensiones que deben ser reconocidas como ejes centrales de las políticas de acceso universal: la fiabilidad del suministro y la asequibilidad económica.
Mencionó también la cocción limpia como un tema que requiere atención regulatoria urgente: aproximadamente 59 millones de personas en América Latina — el 9,3% de la población — continúan utilizando combustibles tradicionales, especialmente leña, para cocinar. Combatir esta realidad requiere marcos regulatorios adaptados y políticas públicas que incluyan tarifas asequibles, subsidios focalizados y mecanismos de protección social.
Conclusión
Pérez Arriaga cerró con una reflexión sobre el propósito último de la regulación: regular la energía no es únicamente ordenar mercados o fijar tarifas. Es crear las condiciones para que una sociedad pueda progresar. Y la regulación, cuando se ejerce con independencia, rigor y sentido social, es una de las formas más poderosas de convertir la energía en desarrollo humano.
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Conferencia inaugural de la II Conferencia Internacional ARIAE–RELOP · Encuentro ARIAE 2026 · Madrid, 12 de mayo de 2026